Chile tiene una historia establecida en la regulación del juego presencial a través de la Ley de Casinos, Ley 19.995 promulgada en 2005. Esta ley creó la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que es el organismo encargado de regular y supervisar los casinos físicos en el país. Bajo esta legislación, las licencias para operar casinos tienen una duración de 15 años y son renovables. Además, la ley exige que los establecimientos contribuyan al turismo local y justifiquen cómo su operación beneficia a la comunidad.
Sin embargo, esta ley no aborda el segmento de casinos online, lo que ha dejado un vacío legal en un área de creciente popularidad y participación.
Reconociendo la necesidad de una regulación que abarque las plataformas de juego online, el gobierno chileno ha estado trabajando en un "Proyecto de Ley que Regula el Desarrollo de Plataformas de Apuestas En Línea". Este proyecto busca establecer un marco legal para controlar y regular las apuestas en internet, garantizando la protección del orden público, previniendo el juego ilegal y protegiendo a los consumidores.
El proyecto propone que la Superintendencia de Casinos de Juego amplíe su alcance para incluir las apuestas en línea, transformándose en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. Este cambio permitiría una supervisión más integral de todas las formas de juego en Chile.
A medida que el debate sobre la regulación del juego online continúa en Chile, hay optimismo de que se logrará una legislación equilibrada que fomente un entorno de juego responsable y seguro. Las discusiones han resaltado la importancia de proteger a los consumidores, especialmente a los menores de edad, y de asegurar que los operadores de juego online contribuyan de manera justa a la economía a través de impuestos y otras obligaciones.
Aún está por verse cómo evolucionará exactamente la legislación, pero está claro que Chile está en un camino hacia una regulación más completa que eventualmente podría incluir tanto a los casinos físicos como a las plataformas online bajo una misma normativa. Esto no solo ayudaría a regular la industria y aumentar la recaudación fiscal, sino que también mejoraría la protección de los consumidores y fomentaría prácticas de juego responsable en todo el país.
